Opinión
Desalojos en San Salvador y la reversión de tasas municipales para las MYPES: Un giro en la política económica local
Luis Castillo – Director del Observatorio MYPE/ESCUELA LID de FUSAI
Por décadas, el Centro Histórico de San Salvador ha sido el epicentro de la actividad comercial informal. La densidad de vendedores ambulantes, el bullicio de los mercados y la resiliencia de los microempresarios han sido el reflejo de una economía local activa, aunque precaria. Sin embargo, las recientes medidas de desalojo, que forman parte de una política pública iniciada desde hace varios años, y que está orientada al ordenamiento y revitalización del espacio urbano, han generado impactos diversos en las familias que dependen económicamente de este sector. Mientras, según las autoridades, muchos comerciantes han recibido apoyo de las municipalidades para reubicarse en otras zonas, otros no han encontrado una alternativa viable. Al mismo tiempo, la reversión de las ordenanzas municipales, que imponían altas tasas a los negocios urbanos, abre un nuevo capítulo en la regulación económica local.
El éxodo de los comerciantes informales
Los desalojos llevados a cabo para recuperar espacios públicos y promover la modernización urbana, han significado desafíos importantes para cientos de comerciantes. Si bien un importante número de estos han sido reubicados en espacios designados por las autoridades municipales, otros han enfrentado dificultades para encontrar nuevas oportunidades de venta. La falta de alternativas formales para su reubicación ha profundizado la incertidumbre en un sector que ya lidia con barreras como la falta de acceso al crédito y la informalidad laboral.
Según datos del Estado Actual de la MYPE 2023 del Observatorio MYPE de FUSAI, el 76% de las unidades económicas del sector MYPE en El Salvador operan de manera informal. Este fenómeno no solo dificulta el acceso a servicios financieros, sino también los expone a una vulnerabilidad crítica ante cambios regulatorios como los mencionados. Para algunos comerciantes, la eliminación de estos espacios de venta ha significado adaptarse a nuevas condiciones de mercado, mientras que para otros limita su capacidad de reinserción en la economía local, representando un riesgo de caer en la pobreza.
María López, vendedora de textiles en la Calle Rubén Darío desde hace más de dos décadas, expresa su preocupación: “Nos prometieron alternativas, pero lo único que hemos visto es incertidumbre. Algunas personas han logrado reubicarse, pero otros no sabemos qué hacer. Sin un espacio para vender, no podemos sobrevivir”. Esta historia se repite en muchas familias que dependen del comercio informal para subsistir.
La reversión de las ordenanzas fiscales: un respiro para los pequeños negocios
Mientras los desalojos golpean a los vendedores informales, el cambio en las tasas municipales busca aliviar la presión sobre los pequeños empresarios formales. En un giro inesperado, varias alcaldías del país han decidido derogar o modificar ordenanzas que imponían tasas elevadas a los negocios que operan en entornos urbanos. Esta decisión responde a la presión de gremiales empresariales, al reconocimiento del peso que estas tarifas tenían sobre la rentabilidad de las MYPES, y a una exigencia directa del presidente Nayib Bukele, quien pidió públicamente a los alcaldes revisar y revertir estas ordenanzas en beneficio del sector productivo local.
Un análisis del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) señala que la alta carga impositiva sobre pequeños negocios en países en desarrollo puede generar un efecto contrario al deseado: en lugar de aumentar la recaudación, empuja a los empresarios hacia la informalidad. En El Salvador, el problema es evidente: más del 60% de las MYPES no están registradas formalmente, lo que limita su acceso a financiamiento y las mantiene fuera del radar de políticas públicas de desarrollo.
El alivio tributario recientemente aprobado podría representar una oportunidad para que los pequeños empresarios incrementen sus inversiones y formalicen sus operaciones. No obstante, persiste la incertidumbre sobre la implementación de medidas complementarias, como incentivos para la formalización o programas de apoyo al financiamiento.
Un reordenamiento necesario, pero un reto para el sector emprendedor
Los cambios en la regulación urbana y en las tasas municipales evidencian dos realidades que deben conciliarse en la política económica local. Por un lado, los gobiernos locales apuestan por la modernización y la regulación de los espacios públicos; por otro, las realidades de las MYPES reflejan un sector que aún carece de las condiciones necesarias para operar dentro de la formalidad sin sufrir pérdidas económicas significativas.
El Observatorio MYPE ha propuesto que cualquier proceso de reordenamiento urbano debe ir acompañado de programas de transición e integración de los afectados, tales como líneas de crédito accesibles, capacitación en gestión empresarial y un marco regulatorio simplificado para la formalización. Sin estas herramientas, los cambios en la infraestructura urbana pueden convertirse en una barrera adicional para el crecimiento de las MYPES, en lugar de una oportunidad para su desarrollo.
Historias como la de María López ilustran la encrucijada en la que se encuentran miles de microempresarios salvadoreños. En un país donde el sector MYPE representa el 70% del empleo informal, el desafío no es solo modernizar, sino hacerlo sin sacrificar a quienes han sostenido la economía desde sus cimientos. La pregunta sigue en el aire: ¿serán estas medidas un primer paso hacia la integración económica, o podrían generar efectos adversos no previstos que compliquen aún más la situación de los pequeños empresarios?
Frente a este panorama, es crucial que la política pública adopte un enfoque de integración que no solo mitigue los impactos negativos del reordenamiento urbano, sino que también abra oportunidades concretas para que las MYPES accedan a los nuevos mercados emergentes, especialmente aquellos vinculados al auge del turismo en el país. La integración de las MYPES en rutas turísticas, ferias locales, centros culturales y espacios gastronómicos puede convertirse en una vía efectiva para diversificar sus fuentes de ingreso y promover su formalización sin imposiciones excluyentes.
El proceso de modernización urbana no debe suponer una homogeneización cultural que borre las expresiones tradicionales del comercio salvadoreño. Al contrario, debe resaltar y proteger la riqueza cultural que representa la actividad económica de las MYPES: desde la venta de artesanías y productos autóctonos, hasta las tradiciones culinarias y los oficios heredados. Solo con una política que combine desarrollo económico con integración y respeto cultural se podrá construir una economía más fuerte, resiliente y genuinamente salvadoreña.
