La relevancia de esta observación pone en evidencia la necesidad de que cualquier reforma en la gestión de espacios comerciales públicos tome en cuenta las características particulares de este segmento empresarial. A diferencia de las empresas más grandes, las MYPE suelen funcionar como unidades familiares, con ingresos variables y limitados. Además, enfrentan importantes obstáculos para acceder a servicios financieros formales y a mecanismos de protección social.

Estas características tienen implicaciones directas en relación con los requisitos de registro sistemático y los pagos periódicos que implica un régimen formal de administración de mercados.. La naturaleza cíclica de muchos negocios -con temporadas altas y bajas claramente marcadas según el calendario comercial, agrícola o escolar- puede dificultar el cumplimiento de obligaciones financieras fijas que no contemplen estas fluctuaciones. Un sistema que exija pagos uniformes durante todo el año sin considerar estas variaciones, se volvería insostenible para muchos microempresarios durante los períodos de menor actividad comercial.

Asimismo, la estrecha vinculación entre economía familiar y empresarial hace que las emergencias domésticas (enfermedades, gastos educativos inesperados, reparaciones en vivienda, accidentes) impacten directamente en la capacidad de cumplimiento de obligaciones fijas de largo plazo. Cuando los ingresos del negocio apenas cubren las necesidades básicas del hogar, cualquier imprevisto familiar puede comprometer seriamente la viabilidad económica del emprendimiento y su capacidad para mantenerse al día con pagos regulares.

Por ello, un modelo efectivo de formalización de mercados debería contemplar mecanismos de flexibilidad como: sistemas de pago diferenciados según temporadas comerciales, fondos de contingencia para situaciones de emergencia, períodos de gracia ante dificultades justificadas, o esquemas escalonados de formalización que permitan una adaptación gradual a las nuevas responsabilidades. Estas consideraciones no constituyen privilegios injustificados, sino reconocimiento de realidades operativas que, si son ignoradas, podrían convertir una iniciativa de ordenamiento en un factor de exclusión económica.